A menos de una semana del paro nacional del sindicalismo opositor contra la política económica y social del Gobierno, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a profundizar el combate contra la informalidad y a la vez sostener el empleo mediante una serie de medidas que abarcan una importante rebaja de las cargas patronales para aquellas empresas que blanqueen o contraten nuevo personal.

Con la iniciativa, que también contempla un fortalecimiento de las facultades nacionales de fiscalización laboral y la creación de un registro público de empleadores que incurran en fraude laboral, el Gobierno espera regularizar durante los próximos dos años unos 650 mil trabajadores que en la actualidad se encuentran en el sector informal. El proyecto aborda “el segundo problema que tienen los trabajadores”, afirmó Cristina al aludir al empleo no registrado, y advirtió que “la precarización del trabajo crea un disciplinamiento porque se acepta cualquier salario.

Por la inflación, los que ya pagaban Ganancias y Bienes Personales este año destinarán una mayor parte de sus ingresos para cumplir con sus obligaciones tributarias. Y además se sumarán más contribuyentes a las bases de datos de esos impuestos, cuyos mínimos no imponibles están desconectados de las subas de precios y los cambios de tributos internos.
Para los economistas del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) Nadín Argañaraz y Andrés Mir, esta situación causa distorsiones como por ejemplo, “tener que pagar más impuestos aunque los valores reales no cambien”.
Esta masa de dinero que pagan monotributistas, empleados y ejecutivos resta fuerza al consumo y se convirtió en bandera de los sindicalistas, como se observó en el paro del jueves pasado, señaló el diario Perfil.