El Impuesto a las Ganancias está en boca de todos. Es una de las principales preocupaciones de la clase media en época de paritarias y un estandarte de la oposición para criticar la política tributaria del kirchnerismo y resaltar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente al aumento de la inflación.
El Gobierno admitió que está trabajando en una modificación del impuesto mientras la oposición plantea diferentes alternativas. Una de ellas es que se amplíe la cantidad de gastos que los trabajadores pueden deducir mes a mesa.
El economista Marco Lavagna trabaja en el Frente Renovador e ideó un proyecto que contempla incluir dentro de las categorías que se pueden descontar del impuesto los gastos en concepto de alquiler de vivienda única.

Las empresas, de cualquier tamaño, a las que se les detecten empleados en negro quedarán dentro del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y, entre otras penas concretas, quedarán fuera de los créditos públicos del Banco Nación y de los subsidios a los servicios públicos de luz, gas y agua.
Así lo establece el proyecto que el Gobierno envió ayer al Senado de la Nación, y que Cristina Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, presentaron el lunes pasado en la Casa de Gobierno.
Será castigada la existencia de operarios en negro tanto en lo referido a las contribuciones patronales como los aportes a la seguridad social y la obstaculización a las inspecciones oficiales.

A menos de una semana del paro nacional del sindicalismo opositor contra la política económica y social del Gobierno, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a profundizar el combate contra la informalidad y a la vez sostener el empleo mediante una serie de medidas que abarcan una importante rebaja de las cargas patronales para aquellas empresas que blanqueen o contraten nuevo personal.

Con la iniciativa, que también contempla un fortalecimiento de las facultades nacionales de fiscalización laboral y la creación de un registro público de empleadores que incurran en fraude laboral, el Gobierno espera regularizar durante los próximos dos años unos 650 mil trabajadores que en la actualidad se encuentran en el sector informal. El proyecto aborda “el segundo problema que tienen los trabajadores”, afirmó Cristina al aludir al empleo no registrado, y advirtió que “la precarización del trabajo crea un disciplinamiento porque se acepta cualquier salario.